Prof: Germán Rodríguez Bustamante
Los procesos de reestructuración de deudas soberanas ocurren como consecuencia de la imposibilidad de las naciones, de cumplir con sus obligaciones en el corto plazo y para aliviar la carga del servicio de la misma sobre los presupuestos nacionales, se acuerda nuevas condiciones. En noviembre de 2017 el presidente Maduro anuncio un proceso de restructuración de la deuda soberana, la declaración la realizo luego de informar la cancelación de los compromisos vencidos en el mes de octubre. Luce contradictorio que un régimen, que ha calificado a los actores financieros internacionales como inmorales e insaciables, que buscan lesionar la soberanía de los pueblos, cancele con la rigurosidad del caso las obligaciones a su vencimiento, condenando al pueblo a la miseria absoluta. La noticia acerca de la renegociación no pasó de ser un “nuevo cuento”, ya que no existe nada sobre un programa serio y creíble de restructuración de nuestras acreencias. A partir del mes de noviembre del año pasado el país comienza a tener dificultades para cancelar sus obligaciones, específicamente las deudas de bonos emitidos por PDVSA. Hasta la fecha de hoy muestra un retraso cercano a los 2.000 millones dólares entre capital e intereses. Estudios privados estiman la deuda soberana entre bonos globales, bonos de PDVSA y otras empresas estatales y acuerdos comerciales suscritos por suministro de Petróleo a futuro, en el orden de los 130.000 millones de dólares. Cifra que representa más del 150 % del PIB, porcentaje que coloca a Venezuela como la nación con menores capacidades para acceder a nuevo financiamiento en Latinoamérica. Y que impacta de forma importante al presupuesto público, limitando la capacidad de importación de alimentos y medicamentos. En promedio estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares anuales en los próximos años.
Esta Dictadura primitiva hizo al país más dependiente de las divisas provenientes del sector petrolero, adicional a ello generaron una destrucción programada de la industria, con lo cual el flujo de divisas viene cayendo de forma acelerada en los últimos 5 años, colocando a la nación en una vulnerabilidad extrema. Hecho que explica la precariedad que vivimos en el presente y que tiende a agravarse en el muy corto plazo. En este contexto la reestructuración de la deuda es una necesidad urgente. Lo triste de la película es que en la actualidad la nación se encuentra en las peores condiciones para obtener una ventaja financiera en la negociación, debido al inminente default que envuelve a Venezuela. El diferimiento de la decisión empeorará las realidades para obtener ventajas financieras en los términos por convenir.
La nación experimenta la más alta calificación de riesgo de su deuda soberana, por encima de países con dificultades aparentes mayores, sin embargo los inversionistas castigan fuertemente la poca información disponible parar medir su riesgo, razón por la cual emitir nueva deuda está descartada, la tasa global exigida se aproxima al 30 %; costo financiero imposible de asumir por el país. Agregado que las sanciones económicas y financieras tomadas por la administración Trump, impiden poder acceder a los mercados internacionales de financiamiento. La crisis presente en Venezuela pone al descubierto la realidad de una deuda histórica acumulada por el socialismo del siglo XXI, sin el conocimiento pleno de la mayoría de los ciudadanos y organizaciones nacionales.
En tiempos de bonanza de ingresos petroleros el país fue endeudado por arriba de sus capacidades y sin considera los cambios que podrían ocurrir en los mercados. Lo grave de la situación es haber dilapidado la mayor cantidad de recursos que este país haya recibido en estos años y que no existan responsables por el saqueo.
Lo cierto es que la nación debe abordar un programa de recuperación, cumpliendo los compromisos derivados de los fondos requeridos para el reflote, equilibrando la disciplina fiscal requerida con los sacrificios que el pueblo puede asumir en esta coyuntura. En nuestro país existe una oscuridad sobre las estadísticas nacionales, los acuerdos de financiamiento se hicieron sin la rendición de cuentas a los ciudadanos, las instituciones encargadas de supervisar la ejecución del gasto público no realizaron los controles que por ley les corresponde, no existió la voluntad política de la elite gobernante para establecer un gran acuerdo nacional entendiendo la gravedad de la situación.
La salida del régimen es la única solución posible para detener la debacle generada por el socialismo del siglo XXI. La corrupción hizo metástasis en toda la estructura de gestión de gobierno, no hay ministerio, dirección y unidad que no este contaminada por el fenómeno, los organismos encargados del control actúan de forma selectiva, discriminatoria y utilizan el andamiaje legal para purgar desobediencias e infidelidades.
Manteniendo posiciones consentidas para la elite subordinada a la Dictadura, quienes mantienen los niveles de saqueo cual botín de guerra, acelerado el mismo por la proximidad de la ruptura definitiva del modelo imperante. Existen demasiados funcionarios públicos ocupando cargos vinculados y otros abandonaron sus puestos y disfrutan de riquezas difíciles de explicar.
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@germanoveja
