La celebración de los Días Internacionales implican sensibilizar a las personas sobre temas de gran interés, especialmente sobre los derechos humanos, por lo cual tratan de profundizar en problemas sin resolver y que afectan la calidad de vida de la población, y además precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas por parte del Estado, quien debe ser garante de la satisfacción de los derechos.
El 09 de diciembre se celebra el Día Internacional Contra la Corrupción, entendiendo por corrupción, como el abuso del poder delegado para obtener un beneficio ilegitimo, particular o para terceros, y se relaciona con el mal uso de los recursos públicos, por el que deben responder incluso entes privados que por medio de algún contrato con el sector público manejan este tipo de recursos.
Según la magnitud del hecho, el nivel en el que ocurre y la gravedad de sus efectos se puede hablar de al menos dos niveles de corrupción: está la corrupción menor, que se refiere al abuso cotidiano del poder por parte de empleados públicos de bajo y medio nivel en sus interacciones con los ciudadanos comunes, que a menudo intentan acceder a bienes o servicios básicos en lugares como hospitales, escuelas, etc.
Y la Gran corrupción, que se da cuando el abuso de poder es de alto nivel y beneficia a algunos pocos a expensas de la mayoría, con participación y conexiones de redes internacionales y quedando usualmente impune.
Además existe la corrupción política, que es la manipulación de las políticas, instituciones y reglas de procedimiento en la asignación de recursos y el financiamiento por parte de los decisores políticos, quienes abusan de su posición para mantener su poder, estatus y riqueza.
Según la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción tiene mayores efectos sobre las poblaciones más vulnerables, roba a las sociedades escuelas, hospitales y otros servicios vitales, aleja la inversión extranjera y despoja a las naciones de sus recursos naturales, socava el estado de derecho, entre otros tantos daños.
Generalmente, detrás de la mayoría de vulneración de los derechos humanos hay un acto de corrupción. Por ello, para erradicar la corrupción de la administración pública es importante la formación de la ciudadanía y la denuncia como herramienta más idónea para depurar las instituciones del Estado. Denunciar la corrupción es una obligación ciudadana y así lo contempla el artículo 269 del Código Orgánico Procesal Penal.
Por ello, es vital que los ciudadanos entiendan la relación de la corrupción con el mal funcionamiento de los servicios públicos, la impunidad, el mal estado de las vías e infraestructuras del país, porque la corrupción genera ineficiencia, hace que los recursos destinados a la satisfacción de nuestros derechos y necesidades se desvíen a complacer los gustos y placeres de funcionarios inescrupulosos y, en consecuencia, afecta derechos humanos.
Por tanto, el origen de la Coalición Anticorrupción en el país, nace como un espacio de articulación y acción de la sociedad venezolana, desde donde se exige a quienes ejercen el poder, y a quienes aspiran a ejercerlo, el cumplimiento del Mandato de la Coalición expresado en sus doces acciones estratégicas.
Por una Venezuela íntegra, las 53 organizaciones merideñas que integran la Coalición invitan a la ciudadanía a conocer sobre el tema, actuar en la lucha anticorrupción e influir para erradicarla. Nota de prensa Coalición Anticorrupción Mérida.
