Ante los acontecimientos iniciados el 23 de enero del presente año, alerta sobre la grave situación de vulnerabilidad a la que están expuestos los derechos fundamentales de la comunidad merideña y hace un llamado a los órganos del Estado recordándoles que tienen el deber jurídico de prevenir, investigar y sancionar los delitos y violaciones de los derechos humanos. Alertamos igualmente sobre los ataques injustificados del Gobernador del Estado Mérida en contra de este Observatorio, señalamientos completamente inaceptables y que contravienen, en un todo, el Título III de la Constitución Nacional, así como los principios internacionales que protegen la labor de las organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos.
El viernes 23 de enero, en el marco de las protestas sociales por derechos básicos tales como la salud y la alimentación, se reportaron en Mérida varios heridos, entre ellos, funcionarios policiales y estudiantes. Ese día el Gobernador insultó por su cuenta de Twitter al presidente de la FCU de La Universidad de Los Andes, enviando así un mensaje de violencia y escarnio contra el sector estudiantil universitario. En la noche de ese viernes también vecinos de las Residencias Monseñor Chacón informaron haber sido atacados con disparos de perdigones.
En la noche del 24 de enero hubo dos heridos a raíz de los ataques con perdigones y bombas lacrimógenas hacia el interior de las Residencias El Rodeo. Algunos vecinos nos refirieron que fuerzas del orden público impidieron el acceso de ambulancias.
En la noche del 26 de enero vecinos de las Residencias El Parque reportaron disparos de perdigones hacia sus residencias.
El 27 de enero se publica en Gaceta Oficial la Resolución 008610 del Ministerio de la Defensa que coloca en mayor riesgo el ejercicio de los derechos civiles y políticos y fomenta escenarios que promueven las violaciones de derechos fundamentales. Durante la tarde de ese día, mientras las conexiones telefónicas y de Internet estaban totalmente caídas fueron detenidas, de manera ilegal e indiscriminada, dieciocho personas incluidos ocho menores de edad, todo ello en el contexto de protestas que acontecían frente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes. Dos días después el Ministerio Público dictaría la libertad plena de los diez detenidos mayores de edad, desestimando incluso los cargos de flagrancia. Como consecuencia de la represión desproporcionada por parte de fuerzas policiales, varios ventanales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas fueron destrozados y se hallaron cartuchos y metras usados por la policía antimotín, poniendo en riesgo la vida e integridad física de las personas y comprometiendo la inviolabilidad del recinto universitario.
Condenamos la violencia de los días 23, 24, 26 y 27 de enero, que produjo heridos, detenciones ilegales, ataques a residencias y daños a instalaciones universitarias. Rechazamos la criminalización de la protesta y reiteramos el derecho a la manifestación pacífica que nos asiste constitucionalmente.
Solicitamos a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que revise y declare nula, según lo establecido en el Art. 25 constitucional, la resolución ministerial 008610 que establece las Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones, ya que viola los artículos 68, 329 y 332 de la Constitución Nacional así como resoluciones y estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza en el control de las manifestaciones públicas.
Condenamos y rechazamos los ataques del Gobernador del Estado Mérida hacia representantes profesorales y estudiantiles de la Universidad de Los Andes y le recordamos que no es ésta la vía para fomentar un clima de paz y convivencia en la ciudad. Condenamos y rechazamos también los ataques del Gobernador hacia el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA y le recordamos el deber jurídico que tiene de garantizar y proteger la labor de los defensores de derechos humanos.
Exhortamos al poder público a hacer los mayores esfuerzos para prevenir los delitos contra los derechos humanos o, en su defecto, investigar y sancionar dichos delitos mediante procedimientos judiciales independientes, transparentes e imparciales a fin de evitar la impunidad y minimizar la repetición de conductas criminales. Recordamos que aún siguen impunes tanto el vil ataque al Centro de Atención Médica Integral de la Universidad de Los Andes, ocurrido en Abril de 2013, como las muertes y heridos de las protestas del 2014 en nuestra ciudad.
Recordamos al Ejecutivo del Estado que por mandato constitucional los cuerpos de seguridad deben respetar la dignidad de las personas y adecuar sus actuaciones a los principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad.
En Mérida, 01 de febrero de 2015.
