Por: Angélica Villamizar…
Para que haya elecciones competitivas se requiere que los candidatos electorales tengan sus propios recursos para financiar sus campañas electorales.
Los recursos del Estado le pertenecen a toda la población y no deben ser empleados en favor de ningún partido político, ni candidato; y por tanto, no deben ser utilizados para financiar la campaña de ningún candidato.
Cuando esto ocurre, se genera desconfianza en los ciudadanos y se pone en duda el proceso electoral, por la manera indebida de influir en los candidatos, lo cual es una forma de corrupción política.
Los ciudadanos tenemos que entender que las instituciones son de todos los venezolanos, y es un delito que un candidato o partido político las use para su beneficio personal; además tenemos el deber de denunciar a quien esté cometiendo este abuso, y por lo tanto las autoridades deben aplicar sanciones a quienes hagan uso indebido de los recursos del Estado, en especial a los que tienen acceso a los recursos que hoy son candidatos a la gobernación y a las alcaldías en Mérida, en caso de cometer estas prácticas indebidas.
En Venezuela se ha naturalizado que los recursos de las instituciones públicas son constantemente desviados y los bienes del Estado son utilizados para hacer campaña. Los merideños ya vemos el descaro y el abuso en la campaña para las elecciones del próximo 21 de noviembre, no hay igualdad de condiciones y hay mucho ventajismo.
Se puede observar cómo en las campañas algunos utilizan los buses Yutong para trasladar militantes de un partido político; cómo empleados del sector público hacen campaña dentro de las instituciones públicas por un candidato, usan los recursos para imprimir franelas o afiches, uso excesivo del medio de comunicación del Estado dedicados a un candidato, uso de espacios de organismos públicos para hacer propaganda electoral. Además ahora con la aplicación de vacunas contra el Covid-19, los candidatos la están usando como estrategia para argumentar que gracias a ellos están llegando al estado.
Estas prácticas por supuesto generan desigualdad para los candidatos y, por ende, se atenta contra la democracia.
En países democráticos, la legislación es muy explícita en este tema, y establecen claramente las prohibiciones a los empleados del Estado que pretenden ser candidatos a ocupar un puesto de alcalde o gobernador. Por ejemplo, en Colombia se establece que dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones no podrán ejecutar recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos. Tampoco inaugurar obras públicas, ni entregar programas sociales.
Por supuesto que en Venezuela también contamos con un marco legal que abordan y prohíben estas acciones, tal es el caso de la Constitución Nacional o la Ley contra la Corrupción, solo falta que se garantice su aplicación.
Evidentemente, ningún candidato saca dinero de su bolsillo para realizar este tipo de actividades; cuando entregan ayudas económicas, medicinas, financiamientos, insumos médicos, o colocan un transformador en alguna comunidad, por ejemplo, eso viene de los presupuestos del Estado, y esto se considera como uso ilegal de recursos del Estado para beneficiar al partido político en el poder, lo que se traduce en corrupción política.
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14-10-2021 (64)
