Durante el año 2017 se documentaron 708 casos que sumaron 1002denuncias de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión. Estos datos son los más altos desde el año 2002 y muestran un deterioro sustantivo de las garantías de este derecho en Venezuela.
Los 708 casos en los que se vulnera el derecho a la libre expresión en su mayoría corresponden al uso de la violencia física, la intimidación y ataques no solo a trabajadores de la prensa, sino también contra ciudadanos que buscaban registrar los hechos que sucedían al momento.
Entre los patrones de violaciones más frecuentes están: detenciones, impedimento de cobertura, robo de equipos, destrucción de material, desalojo de espacios o instituciones públicas; agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos por registrar hechos o difundir información; y ataques contra sedes o equipos de medios de comunicación, la mayoría de estos durante protestas de calle.
El año 2017 cerró con la salida del aire de ocho canales de televisión, 54 emisoras, y 17 medios impresos que dejaron de circular por falta de papel prensa, seis de ellos indefinidamente. El Gobierno utiliza la violencia institucional para censurar a través de restricciones directas o indirectas a través de los entes estatales.
Espacio Público también documentó el ataque o bloqueo de 13 sitios webinformativos, lo que impidió que durante varias horas los usuarios no tuvieran acceso a medios de información en internet. Contrapunto, Valera Noticias, Aporrea, Caraota Digital, El Pitazo, Venezolanos por la información-VPI, VivoPlay, Maduradas, Sumarium, El Estímulo, Analítica y Punto de Corte, sufrieron de suspensión en sus transmisiones mientras que en el caso de VPI y Vivo Play, el ataque fue durante la cobertura en vivo de manifestaciones opositoras.
En el caso de la radio, 52 de las emisoras cerradas están en el interior del país, en los estados Yaracuy, Falcón, Barinas, Cojedes, Mérida y Táchira. Situación que compromete el derecho de las personas a estar informados.
Durante el 2017, periódicos nacionales y regionales salieron temporalmente de circulación por falta de bobinas de papel para imprimir; dos redujeron su tiraje y paginación para seguir circulando, y seis periódicos dejaron de circular indefinidamente en los estados Falcón, Portuguesa, Mérida, Anzoátegui, Barinas y Tal Cual, que pasó definitivamente a la web. Todo ello producto del discrecional monopolio que ejerce la empresa estatal Corporación Maneiro que define la asignación de estas materias primas en el país.
Sancionada por una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la denominada “Ley contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica” contempla hasta 20 años de prisión, bloqueo de portales, cierre de radios y televisoras a quién exprese opiniones que incomoden al poder.
Esta regulación castiga el discurso de odio, pero no lo define ni establece categorías claras en los que podrían calificar una expresión de este tipo. La vaguedad del instrumento deviene en posibles aplicaciones arbitrarias. La privativa de libertad, de acuerdo a los estándares en derechos humanos y la legislación comparada con otros países de la región, resulta una sanción desproporcionada.
