Julio de 2015 resultó también un mes aciago para el ejercicio del periodismo en Venezuela, donde volvieron a presentarse duros ataques y agresiones contra equipos reporteriles de Anzoátegui, Táchira y Bolívar por la cobertura de las protestas de la población y disturbios originados por la crisis de desabastecimiento alimentario, que en la última semana del mes dejaron un saldo de dos personas muertas por arma de fuego.
El encañonar a los periodistas, sin distingos de sexo, y obligarlos a borrar el material informativo o, peor aún, despojarlos de sus equipos de trabajo se ha vuelto una práctica común, especialmente por la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). De esta forma se sigue limitando la labor profesional que se cumple al servicio de la ciudadanía, sin parcialidad política y con el derecho que consagra la Constitución Nacional y la Ley del Ejercicio del Periodismo.
En el cerco a la adquisición de papel periódico y otros insumos al que está sometida la prensa independiente, este mes le tocó al emblemático diario guayanés, Correo del Caroní, suspender su edición impresa, limitándose a salir los días viernes.
La periodista Sebastiana Barráez recibió una amenaza de demanda, mientras que varias ONG ha accionado contra la medida que sacó del aire en Venezuela al canal NTN24.
Informe Julio 2015
El 5 de julio, un equipo de prensa del canal Anzoátegui Televisión y reporteros del diario El Tiempo fueron víctimas de acciones violentas por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que agredieron y detuvieron a la periodista Gladys Mongua y al camarógrafo Miguel Lárez, a quien no sólo lo detuvieron, sino que le retuvieron el equipo de filmación por estar grabando las inmensas colas que se forman a las afueras del abasto Bicentenario ubicado en la avenida Intercomunal de Puerto La Cruz.
Horas más tarde, la GNB y Polianzoátegui la emprendieron contra los periodistas Anacel López y Félix Mariño. A este último lo amenazaron con vaciarle encima un arma de fuego por realizar su trabajo periodístico a las afueras del Consejo Nacional Electoral ubicado en Barcelona, según la directiva gremial.
En vista de las sucesivas agresiones, abusos y excesos policiales y militares, directivos de la Seccional del CNP en el estado Anzóátegui exhortaron al gobernador de esa entidad, Aristóbulo Istúriz, a poner un alto a las agresiones contra reporteros, camarógrafos, fotógrafos y trabajadores de la prensa, pues de lo contario “su silencio será considerado como complicidad”.
A pesar de todas esas denuncias y reclamos formulados directamente al mandatario regional, a los pocos días, el 29 de julio, la periodista del Diario El Norte de Anzoátegui, Nazareth Montilla, fue apuntada con un arma en la cara e intentaron llevársela detenida mientras realizaba la cobertura periodística de una cola en el Abasto Bicentenario de la entidad. La periodista hacia tomas del momento en que los efectivos policiales reprimían con perdigones a la población en cola, desde el día anterior, esperando para comprar leche, papel higiénico y pañales. Comentó que las personas estaban molestas, por lo que hubo una situación de tensión. La periodista se negó en todo momento a borrar las grabaciones que había hecho con su celular. La amenazaron con aplicarle el Código Orgánico Procesal Penal. Para que fuese dejada en libertad fue necesario que la jefa de redacción del diario El Norte, Isis Ferrer, llevara las credenciales y una carta de trabajo de Montilla.
Los representantes del CNP también cuestionaron a los propietarios que pretenden que los comunicadores y trabajadores víctimas de agresión no informen abiertamente sobre lo sucedido.
El 8 de julio la periodista Sebastiana Barráez denunció que después de haber asisitido a un programa en la televisora falconiana Médano TV, donde trató los temas de la emergencia de agua en el estado Falcón y el peculado de uso por la utilización ilegal de un vehículo en que incurre el Consejo Legislativo de Falcón se presentó una comisión de Conatel a hacer una investigación. En el programa se mostró un video donde el diputado del PSUV, Jesús Montilla, decía que no había emergencia por el agua.
El 9 de julio un equipo de reporteros del diario El Nacional fue despojado por tres adolescentes del vehículo en el cual se desplazaban para realizar su labor informativa en la calle Real de Prado de María. Los delincuentes se llevaron además del auto una cámara, una tableta y varios celulares. Al dar alerta a uno de los agentes de la PNB en el sitio, estos respondieron que no podían hacer nada porque los delincuentes estaban en una “zona de paz”, de acuerdo a lo informado por la periodista de sucesos del diario Angélica Lugo. Los delincuentes comenzaron a pedir 370.000 bolívares como “rescate” del auto, que supuestamente fue recuperado luego durante el operativo policial efectuado en la Cota 905.
Días antes, el pasado 8 de julio, mientras la misma reportera Angélica Lugo cubría el robo masivo a las residencias El Pórtico, Sabana Grande, motorizados intentaron despojarla de sus teléfonos. En ese momento, Lugo escribió en su tuiter: “Mientras grababa la nota para FM Center frente a las residencias Pórtico del Este me iban a robar el celular. A otro señor sí le robaron el teléfono”.
El 12 de julio, el líder del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), capítulo Venezuela, Alberto “Chino” Carías, anunció que demandará a la periodista Sebastiana Barráez, así como al Semanario Quinto Día, por informaciones que supuestamente lo exponían al escarnio público. Barráez dijo que presentará las pruebas de lo que dijo en caso de que fuera citada a tribunales.
El 14 de julio, un día después del operativo policial donde fueron abatidos 17 presuntos delincuentes, funcionarios de la PNB impidieron a los reporteros de sucesos de los distintos medios acercarse a la morgue Bello Monte, alegando razones de “seguridad”, obstaculizando de esa forma la labor de los comunicadores.
El diario Correo del Caroní anunció en su editorial del 27 de julio que circulará solamente una vez a la semana por la crisis de papel. El periódico, que hasta la primera semana de septiembre de 2014, marcó una tradición diaria de circulación de más de 14 mil ediciones, se redujo a una difusión en físico de lunes a viernes. A principios del año pasado se recortó de tres a dos cuerpos hasta quedar en uno solo por la crisis del papel. El 6 de enero de 2014 el diario guayanés había anunciado la reducción en sus ediciones diarias a solo un cuerpo para extender los inventarios de papel.
El 28 de julio El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Espacio Público y Expresión Libre interpusieron por ante el Tribunal Supremo de Justicia, una demanda de protección y una solicitud de amparo cautelar contra la declaraciones y amenazas hacia el canal de noticias NTN 24 por parte del director de la Comisión Nacional de Telecomuicaiones, William Castillo, “que dieron lugar a una restricción indebida del libre ejercicio del derecho de libertad de expresión y de comunicación” del referido medio.
El 31 de julio la periodista Claudia Páez publicó a través de la red social que ella y sus compañeros Luis Tovar y Carlos León, de Nueva Prensa de Guayana fueron despojados a punta de pistola de sus celulares y sus equipos de trabajo mientras cubrían la situación irregular en San Félix, cuando una turba saqueó un supermercado y donde fue asesinada una persona.
Por orden de un capitán de la Guardia Nacional, efectivos de ese cuerpo militar le arrebataron al corresponsal de Diario La Nación destacado en la frontera, José Gregorio Hernández, su cámara fotográfica y su grabador cuando cubría los disturbios que se suscitaron en el puente internacional Simón Bolívar, de la frontera con Colombia, donde resultó una persona muerta. Luego se los entregaron en el Destacamento 212 de la GNB, pero después de haber borrado el material informativo. Al reportero gráfico de Diario La Nación, Carlos Eduardo Ramírez, el mismo capitán le trató de quitar su cámara, halándola de su correa, pero no lo logró.
