Por: Fortunato González Cruz…
La muerte del jovencito Kluivert Roa por el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana Javier Osías Mora Ortiz de 23 años de edad, revela la gravísima decadencia de los valores y principios de quienes tienen en sus manos el poder público. Las reacciones de los funcionarios públicos son lamentables.
La ministra Carmen Meléndez dijo en unas primeras declaraciones: “Durante la protesta resultó herido el joven en la región occipital y fue auxiliado por sus compañeros y efectivos policiales”. Después señala que el oficial, graduado de la Universidad Experimental de la Seguridad, admitió que disparó: “Este oficial fue pasado a la orden del Ministerio Público. Se aplicará todo el peso de la ley a él y a los responsables. Aquí no hay cabida para la impunidad”. El gobernador del TáchiraVielma Mora dijo:“Ese fue un hecho personal, y el Ministerio Público muy bien manejado por la Fiscal Superior y el Defensor del Pueblo”. El presidente Nicolás Maduro, según las notas de prensa oficiales “reiteró la voluntad del Estado venezolano en aplicar justicia en este caso; dijo que “se le escapó un tiro al Policía Nacional”. “Había hechos de violencia, con encapuchados, era una actividad de protesta. Dos efectivos de la PNB iban pasando, fueron atacados con piedras y uno de ellos accionó una escopeta de perdigones y asesinó a este joven». En el mismo discurso dijo:“Vete de aquí Corte IDH, solo sirve para encubrir asesinatos. Qué dice la Corte IDH de la denuncia de que me iban a matar». Y agregó:“Hubo una secta creada por la CIA para formar fanáticos entre un fundamentalismo católico y un anticomunismo fascista, llamada Tradición, Familia y Propiedad (TFP) que existió en Venezuela y Brasil. Uno de los monstruo de la trilogía del mal que Venezuela conoce fue capturado por ese grupo, y así los han reproducido en el país para llenar de odio a los jóvenes». Aseguró que en Venezuela hay «grupos de ultraderecha envenenando a nuestros muchachos» e instó a los jóvenes a no participar en manifestaciones violentas.”
Las palabras son elocuentes e indican que el muchacho policía será enjuiciado y seguramente saldrá sin pagar pena alguna, pero nada se dice de la responsabilidad de la cadena de mando que pasa por el comandante del grupo de policías que actuó, por el comandante de la policía del Táchira, por el gobernador de ese Estado, por la Ministro de Interior y por el presidente Maduro. Basta con aplicar la tesis del mismo gobierno sobre las responsabilidades por las muertes del caracazo del 27 de febrero del 1989, esta vez con más fundamento puesto que la política oficial es la de reprimir y aplicar toda la fuerza, incluso la de los grupos de delincuentes motorizados. Todos, si existiese Estado de Derecho, son responsables y deberían responder por la vida de este y de todas las víctimas de una política de Estado criminal.
